PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

PARA CONSTITUIR A LA  SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. COMO UN CUARTO PODER DE SEGURIDAD NACIONAL.

“LO ÚNICO, QUE SALVARÁ A LAS DIFERENTES CULTURAS, DE SU PROPIA AUTODESTRUCCIÓN, DEL OLVIDO O DEL JUICIO OPROBIOSO DE LA HISTORIA, SERÁN LAS INSTITUCIONES EN FAVOR DE LA LIBERTAD Y DE LA JUSTICIA, SÓLIDAS, INDEPENDIENTES, HONESTAS, QUE EDIFICARON PARA SU PRESERVACIÓN, POR EL BIEN DE LAS SIGUIENTES GENERACIONES, POR ESO JAMÁS DEBEN TRAICIONARLAS”. 

Exposición de Motivos.

Es un hecho, que en México el problema de la seguridad en todos los niveles, en los últimos cuarenta años se ha constituido como el talón de Aquiles de los diversos gobiernos mexicanos a tal grado de constituirse como un grave problema de seguridad nacional, por lo que  ha sido un hecho notorio el apoyo que en ese rubro se ha recibido por parte del ejército mexicano por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así como que poca gente pondera objetivamente el tipo de ejército que tenemos, pero es a mi juicio una de las mejores y más sólidas instituciones que tenemos en el país, por ello resulta de total importancia, que en estos tiempos tan inciertos, la postura del ejército sea acorde a su naturaleza constitucional de ser el ejército del Estado mexicano, en su conjunto al originarse de la lucha revolucionaria, y otorgarles  el respeto de toda la sociedad incluido el del propio jefe del ejecutivo, para que esta institución guarde distancia con los demás poderes y deje de ser una secretaria de Estado y se conviertan en un cuarto poder independiente o autónomo con presupuesto propio y al que se le tome en cuenta sobre cualquier cambio de legislación en cuanto a los temas de seguridad nacional tanto interna como externa con facultades máximas de contraloría, porque ya no podemos permitirnos, que la decisión sobre ese tópico tan sensible, como lo es el de la soberanía y seguridad nacional,  tanto interna como externa,  sean decididas por una sola persona o de un grupo político por las razones obvias por las que pasa el gobierno mexicano de infiltración por parte de grupos criminales en la función pública, (narco política); así como el incremento desmesurado del crimen denominado de cuello blanco o dorado por parte de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno.

En razón de que el ejército está para defender y servir al Estado mexicano en su conjunto y no sólo al gobierno en funciones o intereses partidistas; con el objetivo específico de preservar la soberanía y la seguridad nacional,.

El papel del ejército en México, debe ser el de un verdadero garante del Estado Democrático Constitucional de Derecho, con una profunda lealtad al Estado de Derecho al  servicio de la democracia y la sociedad pero no únicamente al gobernante en turno o al partido político al que pertenece. Por ello los ex presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojoza, pudieron gobernar por la existencia de un ejército institucional para la democracia.

Superándose esas épocas, en que según narran los historiadores, el presidente Lázaro Cárdenas, a pocos días de haber decretado la expropiación del petróleo, anuncio la reforma del Partido Nacional Revolucionario, para transformarlo en Partido de la Revolución Mexicana; la novedad estuvo en los sectores corporativos pero la sorpresa fue la de colocar al ejército como el cuarto sector del PRM; es decir, fuerzas armadas al servicio del partido en el poder; o cuando el notable, crítico Pablo González Casanova, en su libro de la democracia en México, al enunciar entre los "verdaderos factores del poder en México", colocó primero a los caciques y caudillos regionales, y después al Ejército, el clero y los empresarios.

Así también, en relación con los lamentables hechos de los años sesenta y setenta del siglo próximo pasado en nuestro país, como  del sexenio pasado en los cuales lamentablemente primero; el partido hegemónico autoritario en ese entonces poletizó y satanizó al ejército, al usar a las fuerzas armadas como cuerpos represivos al servicio del partido en el poder, práctica lamentable, y en el segundo caso en el cual, el expresidente Felipe Calderón Hinojoza, instruyó la salida del ejército a las calles para combatir una guerra contra el narcotráfico y de igual forma se usó a las fuerzas armadas para fines policiacos, con daños colaterales, sin legislación de apoyo, imagen negativa que se fue revirtiendo en la medida que el ejército se ha fortalecido, con acciones de ayuda a la población en desastres naturales, como su participación como un ejército comprometido con las causas sociales al derivarse de la lucha revolucionaria, iniciada el 20 de noviembre de 1910. De aproximadamente diez años de violencia que provocaron un millón de muertos en un País de dieciséis millones de habitantes.

Por lo cual, hoy en día el Ejército y Armada están cotidianamente en las noticias porque, efectivamente, se han convertido en el último recurso del gobierno para evitar que el crimen organizado avasalle al gobierno y al resto de la sociedad, con el objetivo específico de preservar la soberanía y la seguridad nacional, tanto interna como externa.

El narcotráfico, como uno de los fenómenos más representativos de la creciente violencia del crimen organizado, tomando en cuenta la producción, el tráfico, la adicción, el consumo, como el lavado de dinero, debe abordarse con un enfoque local, nacional e internacional, simultáneamente, en el sentido de que se trata de un crimen organizado trasnacional pues la delincuencia es un tema local que se conecta a redes internacionales. Su combate exige estrategias donde se comparta información. Donde se ejerza un control territorial soberano y se eviten las áreas sin ley.

El Estado, concebido como un ente soberano cuya misión es proporcionar bienestar social dentro de un territorio determinado, está en entredicho. ¿Cómo se puede preservar la soberanía y la seguridad nacional cuando las políticas públicas responden a las premisas de una problemática interna y a compromisos que traspasan fronteras? La geopolítica mundial es otra. Los analistas hablan de una aldea global que se pretende regionalizar donde urge redefinir conceptos y prioridades. Pero cada país tendrá que hacerlo atendiendo a su propia realidad y no trasladar sistemas ajenos a esa realidad, porque de hacerlo puede contribuir agravar esa problemática o a su propia autodestrucción como Estado independiente y democrático.

La sujeción a la doctrina del liberalismo se basa en el temor a un poder estatal invasivo que limite o suspenda los derechos fundamentales o libertades individuales y/o que concentrado se convierta en arbitrario, incontestado, absoluto.

 En este aspecto cabe mencionar que el liberalismo -que por supuesto no es de una sola clase - ha intentado a lo largo de la historia preservar un área de autonomía de los ciudadanos en relación a las instituciones estatales y al mismo tiempo ha buscado que los poderes públicos se encuentren regulados, fragmentados, vigilados y que sus decisiones puedan ser recurridas ante el Poder Judicial que debe ser autónomo.

Hoy en día, la situación a nivel nacional se percibe en el sentido de que la economía está mal,( gasolinazo), la violencia en aumento, la corrupción e impunidad más descarada y lesiva de todos los tiempos, en todos los niveles de gobierno como en los entes de la propia sociedad, el recorte o desmantelamiento del propio Estado en cuanto a su aparato administrativo gubernamental, que influye indudablemente en su propio rendimiento, para llegar a un acuerdo con los empresarios para encontrar inversión y nuevos empleos, con el fin  de obtener y recaudar ingresos que cubran los egresos, millonarios, producto de los casos extremos de corrupción e irresponsabilidad, de varios gobernadores de diversas entidades federativas, pertenecientes a distintos partidos políticos. Más la amenaza latente del presidente de la nación más poderosa en armamento, los Estados Unidos de Norteamérica, con “apoyar” al actual gobierno mexicano con la entrada de marines a tierras mexicanas para acabar con los “bad” hombres, “con el crimen organizado” relativo al narcotráfico, (invasión militar disfrazada de cooperación bilateral), finalmente como la posible llegada al poder de un candidato con tendencias populistas que pueda pretender regresar a épocas pasadas.

Sin dejar de mencionar, la pérdida sistemática de los derechos sociales de la población, en salud, en materia laboral, educación, en derechos sobre la tierra (confiscación de la riqueza social mediante el impuesto), como de bienes nacionales, petróleo, electricidad, agua, por medio de cambios estructurales convertidos en pagarés a nuestros deudores extranjeros como pago parcial de la deuda pública externa, lo que hace una situación insostenible para la nación.

Así mismo, concuerdan diversos críticos que en un gobierno y Estado, normalmente deberían ser, la Presidencia, el Congreso y la Suprema Corte, en sí los tres poderes de la República, las grandes instituciones. Sin embargo únicamente el 12% de la ciudadanía tiene confianza en  el titular del poder ejecutivo federal (Reforma, 18 de enero). Algunos gobiernos estatales son casos extremos de corrupción e irresponsabilidad, como han sido los casos de varios gobernadores de diversas entidades federativas, pertenecientes a distintos partidos políticos. El Poder Judicial lamentablemente en la opinión generalizada se ha apartado del sentido de lo justo por lo técnicamente jurídico a favor de intereses políticos  o el de las clases más favorecidas, por ello apenas poco más del 20% de los mexicanos confían en los jueces, finalmente el Congreso y los partidos políticos están tan alejados de sus supuestas bases sociales, y más ocupados en sus propios intereses particulares y partidistas, que proponen leyes de acuerdo a esos intereses y por lo cual resultan parciales y contrarias al interés general, por lo que la ciudadanía los ha colocado hasta el fondo de su escala de confianza (Informe el país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Las encuestas también señalan que los llamados "poderes fácticos", básicamente las grandes concentraciones de poder económico, tampoco tienen gran credibilidad; el prestigio de los medios de difusión varía pero, en cualquier caso, la televisión ya ha dejado de tener el poder que tenía, de control sobre la opinión pública.

 Situaciones que en el peor de los escenarios  podrían tener como consecuencias de facto, una invasión militar Norteamericana disfrazada de acuerdo  de cooperación bilateral, así como la posible amenaza de que un futuro Presidente requiera las fuerzas armadas para sus propios intereses o partidistas y no para los fines de la nación democrática, o que las propias fuerzas armadas como último recurso, ante el grado de descomposición del tejido social en su conjunto, o ante una posible amenaza de traición a la patria, realicen un golpe de Estado.

En consecuencia, se estima que debemos dejar atrás la imitación de culturas individualistas ajenas a nuestra esencia y volvamos a nuestra cultura de equilibrio, de economía mixta  al recordar que los intereses de la nación son un propósito en común y lograr una cultura de colaboración mutua, en razón de que efectivamente México como nación soberana  requiere apuntalar, fortalecer y ampliar muchos de los logros que se han edificado  en una democracia imperfecta.

Por lo cual, estamos ciertos de que si a esa agenda no se le agrega la llamada cuestión social, mucho de lo alcanzado se puede venir abajo, es decir: a la agenda liberal-democrática es necesario sumar una agenda socialdemócrata. Que junto a la división de poderes, el Estado de derecho, al respeto efectivo a los derechos humanos o  libertades individuales, aparezcan con fuerza y en el centro de las políticas los temas de igualdad, del empleo, los salarios, la cobertura universal de salud, la vivienda, Una agenda que no solo amplíe y fortalezca las libertades, sino que construya un mínimo de cohesión social acorde a nuestros objetivos como nación, con apoyo de instituciones nuevas como la que aquí se propone..

Los críticos consideran que fue la combinación del auge del narcotráfico, como el fin del presidencialismo sin contrapesos y el fracaso de la transición democrática, lo que volvió a poner a las Fuerzas Armadas en el papel no del "último recurso" sino del primero para mantener la gobernabilidad.

La legitimación y notoriedad de la Institución castrense es la resultante de su propia capacidad de autocrítica y readaptación al sistema, como ejemplo el de los generales presos militarmente por actos de corrupción y las medidas de inteligencia tomadas para prevenir, contener y evitar en el futuro ese tipo de actos, como la lealtad mostrada a la nación, no obstante las críticas, falta de apoyo, como el número de bajas; conjugado con el rotundo fracaso de las instituciones civiles (policías y demás funcionarios judiciales), atribuible, en gran medida, a su corrupción, como a la infiltración del crimen organizado en el poder público, ejemplos de actualidad casos Chihuahua y Nayarit.

Ahora bien, las Fuerzas Armadas del Estado, son el conjunto de las policías, por un lado, y el Ejército y la Armada por el otro. En México, como ya se expresó, existe una distancia enorme entre ambas instituciones por lo que respecta a su eficacia y prestigio. En ninguna época histórica, las policías gozaron de la confianza de sectores sociales importantes, pero el auge actual del crimen organizado erosionó la poca confianza que hubieran podido acumular. Por eso, el Ejército y la Armada desempeñan hoy el papel de la única y última fuerza para enfrentar a un crimen organizado que, con una gran capacidad de influir y corromper, como  de ejercer una violencia sin límites, logran la impunidad de sus actos, lo que hace cada vez más precaria la seguridad ciudadana.

En consecuencia de lo anterior, en una visión objetiva, se requiere necesariamente de unas fuerzas armadas institucionales, apartidistas y apolíticas que no solo sean la garantía de estabilidad institucional de la democracia, para aquel que sea él que gane las elecciones, sino un equilibrio o un contra peso necesario para los tres poderes restantes, que se erija como ese ente administrativo capaz de alcanzar el objetivo de recuperar el rompimiento del tejido social por causa de la impunidad, corrupción que han generado más violencia y por ello más control del crimen organizado en diversas modalidades al grado de constituirse como un problema de seguridad nacional, por estar ya infiltrado en la función pública, y esto solo puede lograrse por medio de una reforma constitucional en que se designe al Ejército Nacional, como un cuarto poder denominado, Poder de Seguridad Nacional, con el objetivo específico de preservar la soberanía y la seguridad nacional, tanto interna como externa, con autonomía plena para auto gestionarse y autoridad plena sobre dicho rubro de seguridad, con facultades necesarias de contraloría , con independencia plena, especialmente del Poder Ejecutivo Federal, en cuanto a sus funciones se refiere, por ello la actual  Secretaría de la Defensa Nacional, dejaría de estar dentro de la ley de la Administración Pública Federal y sus funciones aparecer dentro de las facultades del nuevo poder emergente, con excepción como ya se dijo de las que refieran algún grado de dependencia al Poder Ejecutivo como a cualquier otro poder, así como que la Secretaría de la Función Pública, pasaría a ser parte de este nuevo poder de Seguridad Nacional, como todas las policías del país, y demás dependencias dedicadas a la seguridad e inteligencia nacional tanto interna como externa, en los tres niveles de gobierno, con un presupuesto autónomo y garantizado por parte del Estado con un porcentaje fijo, de acuerdo a su calidad de ser un poder autónomo parte del Supremo Poder de la Federación.

En tal virtud, deberán ser la máxima autoridad en materia de Seguridad Nacional interna como externa, cuyo titular deberá ser propuesto por los propios miembros de mayor rango del Ejército Mexicano, cada seis años de acuerdo a sus ordenamientos internos y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que termine en su cargo, en el supuesto de ser aprobada esta propuesta el actual Secretario de la Defensa Nacional, quien en su caso sería el primer titular del poder emergente que se propone.

Lo anterior a efecto de evitar, se vicie el propósito de la autonomía de este nuevo poder con los demás poderes, en razón de que va a ejercer facultades o  funciones de  decisión sobre el tema de Seguridad Nacional Pública como de contraloría de los demás poderes. Cabe precisar por ser de mayor importancia y relevancia que  no se consideró factible la propuesta de transformar a la Secretaría de la Defensa Nacional, como un órgano constitucional autónomo, por la importancia del manejo del Ejército Nacional, así como de las grandes facultades y funciones encomendadas de Seguridad y Contralia Interna del Estado Mexicano, ya que sin el conocimiento de estos rubros no sería posible su función ontológica de preservar la soberanía y la seguridad nacional.

La iniciativa propone, en general y de manera evidente, por las razones ya ampliamente referidas,  la transformación del concepto de tres Poderes de la Unión proveniente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente para adicionar uno nuevo denominado, “Poder de Seguridad Nacional” constituido por el Ejército Nacional, y otros entes de la administración pública, Policías, de Secretarías o departamentos de seguridad pública e inteligencia como de contraloría, en los tres niveles de gobierno, por causas de seguridad nacional.  con el objetivo específico de preservar la soberanía y la seguridad nacional, tanto interna como externa, con autonomía plena para auto gestionarse y autoridad plena sobre dicho rubro de seguridad, con facultades necesarias de contraloría

Por ello, se propone realizar una reforma profunda de los artículos constitucionales y formar un capítulo especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro del título tercero de la división de poderes, como en los demás cuerpos legislativos secundarios o reglamentarios, acorde al sentido de esta propuesta:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO 1

DE LA DIVISIÓN DE PODERES

ARTÍCULO 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Seguridad Nacional.

CAPÍTULO V

DEL PODER DE SEGURIDAD NACIONAL

Articulo xxx.- Se deposita el ejercicio del poder de seguridad nacional en el  Ejército Nacional, y otros entes de la administración pública, Policías, de Secretarías o departamentos de seguridad pública e inteligencia como de contraloría, en los tres niveles de gobierno, por causas de seguridad nacional.  Con el objetivo específico de preservar la soberanía y la seguridad nacional, tanto interna como externa, con autonomía plena para auto gestionarse y autoridad plena sobre dicho rubro de seguridad, con facultades necesarias de contraloría.

  

Nota: Por lo cual deberá derogarse el término relativo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y en su lugar referirse al Poder de Seguridad Nacional, como adicionar a este las facultades de policías, de Secretarías o departamentos de seguridad pública e inteligencia como de contraloría, en los diversos ordenamientos jurídicos.

 “LO QUE ESTA MAL, ESTA MAL, AUNQUE TODOS LO HAGAN”

“LO QUE ESTA BIEN, ESTA BIEN, AUNQUE NADIE LO HAGA”

REFRÁN POPULAR MEXICANO.

ATENTAMENTE

MAG. ANTONIO LUÍS BETANCOURT SÁNCHEZ

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27.

          

*Egresado de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, de la Facultad de Derecho, con mención honorífica. Maestría en Derecho Corporativo con Especialidad en Administración y Finanzas. Especialidades en Derecho Constitucional y Amparo,  nuevo Juicio de Derechos Fundamentales, Derecho Agrario, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Teoría General del Proceso, entre otros. Docente académico, ponente de varias Universidades, conferencistas, expositor y panelistas en diversos foros académicos y judiciales, tanto nacionales como internacionales. Actualmente Magistrado Numerario en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 con sede en Guasave, Sinaloa.

 Guasave, Sinaloa, a 30 de marzo de 2017