PERÚ
PONE EL EJEMPLO
Es casi un lugar común
afirmar que América Latina es una de las regiones en donde se registran los
niveles más elevados de corrupción en el mundo. De acuerdo con el índice de
Trasparencia Internacional, en el último año, 11 de los 18 países de la zona
empeoraron su calificación en la percepción sobre corrupción y en el caso de México
fue notorio porque cayó del lugar 95 al 123 de la lista de 176 países
considerados. La gravedad del fenómeno de la corrupción y sus impactos nocivos
sobre las distintas ramas de la vida social han llevado a buena parte de
nuestros países a emprender reformas legales e institucionales para atajarlo.
En este contexto, resultan ejemplares las ocho medidas anunciadas la semana
pasada por el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynki, porque buscan atacar
las diversas aristas de la corrupción. PPK, como le dicen popularmente, se
comprometió a desplegar un cambio radical para “ordenar y limpiar la casa y
poder hacer las obras que hemos prometido de manera honesta…” y vale la pena
revisarlas: 1) elaborar un decreto
legislativo para que las empresas condenadas por corrupción ya no puedan
contratar con el estado peruano; 2)
decretar la “muerte civil” (inhabilitación) para los funcionarios corruptos; 3) que los contratos de concesión del
Estado incorporen la “cláusula anticorrupción”; 4) triplicar el presupuesto de la Fiscalía para atrapar a los
corruptos; 5) crear un sistema de
recompensas para funcionaros ciudadanos
que denuncien actos de corrupción; 6)
cobrar la garantía de 262 millones de dólares por el incumplimiento del
contrato de la empresa brasileña, Odebrecht, acusada de pagar sobornos a
autoridades para conseguir contratos públicos en 10 países
latinoamericanos y licitar un nuevo
contrato para continuar el gasoducto; 7)
obligar a los miembros de su gabinete a publicar su información personal,
de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Integridad y convocar al
resto de las autoridades a hacer lo mismo; 8)
impedir que las empresas sentenciadas por corrupción transfieran dinero
fuera de Perú, sin antes cumplir con los adeudos a trabajadores y proveedores y
asegurar la reparación al Estado peruano.
Hay que destacar que el
pronunciamiento presidencial asume que le toca al Estado emprender acciones
drásticas en contra de la corrupción y estas deben castigar tanto a
funcionarios públicos (inhabilitándolos)
como a empresas contratantes (cancelando
cualquier posibilidad de trabajar para el Estado) que haya incurrido en Actos de corrupción. De
otra parte, dado que buena parte de los casos de corrupción se identifican a
partir de denuncias de personas dentro de las propias entidades públicas, se
plantea crear un sistema para protegerlas frente a represalias de sus
superiores jerárquicos, e incluso para recompensarlas por hacerlo. También, es
indispensable reforzar las capacidades institucionales de los encargados de
investigar y atrapar a los corruptos, de ahí el compromiso presidencial de
triplicar el presupuesto de la fiscalía que es pieza clave.
Si comparamos estas
medidas lanzadas por el presidente peruano con nuestro nuevo modelo de sistema
nacional anticorrupción, veremos que ya contamos con el diseño normativo
apropiado y solo faltaría la
determinación del gobierno para emprender acciones semejantes y responder así
al profundo malestar social que existe. Es cierto que las condiciones en
las que se encuentra el presidente peruano son particulares, porque Kuczynski
asumió el poder hace apenas seis meces, lo cual le permite echar mano del bono
democrático. En cambio, el gobierno mexicano está al final de su mandato y con
niveles bajísimos de aceptación ciudadana. Empero, quizás justamente por esas razones, valdría la pena que Peña Nieto
tomara el ejemplo de Perú para liderar, ya, una cruzada en contra de la
corrupción y de la impunidad.
Publicación periodística
Excélsior
Jaqueline Peschard
20 febrero de 2017
